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Atiende PGJEO nuevas amenazas contra el sacerdote Solalinde

Oaxaca de Juárez, 19 de abril de 2012.- El titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca (PGJEO), Manuel de Jesús López López, informó que una vez trascendidas nuevas amenazas contra el sacerdote Alejandro Solalinde Guerra, la Subprocuraduría Regional en el Istmo se puso en contacto directo con él y se acordó un encuentro en las instalaciones del Albergue “Hermanos en el Camino”, ubicado en Ciudad Ixtepec, en el Istmo de Tehuantepec, para este viernes 20 de abril, al que también acudirá el Fiscal de Atención al Migrante, Nahúm Pineda.

Agregó que el Gobierno del Estado a través de esta instancia, ha sido respetuoso de las medidas cautelares para el sacerdote dictadas por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH).

Subrayó que desde el inicio de esta administración se reforzó, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), el esquema de seguridad a fin de garantizar su integridad física y psicológica.

De ahí que la Subprocuraduría Regional ha sido instruida para trasladar a un Agente del Ministerio Público a la reunión de este viernes en el albergue para que, en caso de que así lo desee, el padre presente su formal denuncia, pues el delito de amenazas se persigue por querella, es decir, a petición de la parte afectada.

El Abogado del Estado se dijo enterado de que Amnistía Internacional (AI) emitió un nuevo llamado al Gobierno Mexicano para fortalecer las medidas de protección brindadas al Padre Alejandro Solalinde Guerra y a su asociación “Hermanos en el Camino”.

“Nos mantenemos al pendiente de su seguridad” –dijo- al tiempo de informar que en lo que va del mes de abril la Fiscalía de Atención al Migrante dependiente de la PGJEO no ha recibido ninguna denuncia por parte del sacerdote.

Por otro lado, sobre el hecho de un joven cuyo homicidio en Ciudad Ixtepec habría sido atribuido inicialmente a inmigrantes el pasado 31 de marzo, la Subprocuraduría Regional indicó que se mantienen las indagatorias y al momento no se puede hablar de algún vínculo del hecho con amenazas de muerte contra el sacerdote.

El procurador precisó que el mecanismo de medidas cautelares está previsto en el artículo 25 del Reglamento de la CIDH, aplica en situaciones de gravedad y urgencia determinadas así por la  Comisión; en este sentido el Gobierno de Oaxaca es respetuoso de esta garantía y cumple con su función apegado a derecho en el caso del sacerdote Alejandro Solalinde, y en asuntos similares.

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