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Desprotegida de seguridad social, más de la mitad de la población de México

Viernes, 27 Abril 2012, (Campus Mexico).- Al no contar con un buen sistema de seguridad social y salud laboral en el país, a los trabajadores se les coloca en la desprotección, lo que pone en peligro su vida e integridad, y contraviene este concepto como derecho humano incondicional, coincidieron académicos del Instituto de Investigaciones Económicas (IIEc) de esta casa de estudios.

En el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, que se conmemora cada 28 de abril, México llega con un “serio y dramático” problema: 65 millones de personas, aproximadamente el 60 por ciento del total de la población, cuentan con una cobertura baja o nula, que los ubica en una situación compleja frente a una emergencia.

Por el otro lado, los 18 millones de empleados que cotizan al IMSS, ISSSTE, ISSFAM, así como los afiliados a los programas de seguridad social de PEMEX, CFE, banca de desarrollo, servicios estatales de trabajadores de estados y municipios, por ejemplo, gozan de una cobertura amplia que les otorga más elementos de defensa.

México comparte los últimos lugares en América Latina en cobertura de seguridad social, con menos del 50 por ciento de su población protegida, arriba de Colombia, que cuenta con un 35 por ciento; por debajo está Haití y países centroamericanos, con menos del 20 por ciento.

La lista la encabezan Argentina y Uruguay, con 85 por ciento de cobertura; Costa Rica, con 70 por ciento, así como Brasil y Chile, con 65 por ciento, entre otros.

El dilema de la magra expansión en la Población Económicamente Activa (PEA) tiene su origen en la calidad y cantidad de los empleos generados, explicó Berenice Ramírez.

“En el año 2000, el 52 por ciento de los trabajadores estaban protegidos; ha caído la cobertura por el incremento en las contrataciones por honorarios o sub contrataciones para obra, determinada a través de empresas outsourcing. En los últimos 16 años, el trabajo afiliado al IMSS registra la creación de 316 mil empleos anuales y la población en edad de entrar al mercado laboral es de un millón 200 mil, lo que refleja un déficit muy alto”.

El 52 por ciento de los hogares mexicanos está en situación de extrema pobreza; si se suma que el envejecimiento demográfico del país avanza con rapidez y la seguridad social no es suficiente, los niveles de miseria se agravan. “Es malo no comer, pero también es malo no atender la salud”, comentaron los expertos.

En una colectividad, la seguridad social y salud en el trabajo son importantes, parte del sostén de la cohesión social; sin embargo, si bien México pertenece a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el 56 por ciento de los ocupados sobrevive con cinco mil 600 pesos como salario mensual.

“El Estado debe hacer su tarea y no dejar todo al libre mercado porque éste lo que busca es la rentabilidad y como resultado se tendrá una diferenciación en los servicios de salud y se polarizará aún más a la sociedad”.

Fracaso histórico

Por su parte, Alfonso Bouzas indicó que como asistencia médica y posibilidad de jubilación, la seguridad social evidencia un fracaso histórico porque se le vinculó al trabajo y, al mismo tiempo, se envíó el mensaje de que no era un problema del Estado, sino un derecho de quien desempeña una actividad.

“De entrada, el esquema fue errado porque desde que se implementó, la contribución al Seguro Social fue amarrada al salario; actuarialmente estuvo mal planteado al establecer una edad muy corta como el periodo de vida activa, sin tomar en cuenta que crecería, y sin imaginar la influencia de la corrupción”.

Los gobiernos mexicanos han desatendido lo estipulado en el artículo 102 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que, sin ser vinculatorio, convoca a la expansión de la seguridad social, y señala la obligación de las autoridades de vigilar qué empresas y contratantes de empleo otorguen servicios integrales.

Como propuesta de solución, los académicos de la UNAM plantean la necesidad de una reforma constitucional en materia de salud, puesto que las que se han aprobado han debilitado a los institutos y provocado el decremento de la cobertura.

La sociedad debe exigir a los gobernantes que cumplan los acuerdos laborales firmados ante instancias internacionales, que buscan la protección y bienestar de los trabajadores, aunque “la seguridad social vivirá todavía de 10 a 20 años de crisis antes de registrar un repunte”.

Resulta relevante que la OIT circula un documento en el que se promueve la protección de los trabajadores dentro de la llamada economía verde, toda vez que el intento por cambiar el modelo de desarrollo y dar mayor sustentabilidad ante el calentamiento global, también perjudica la seguridad y salud de las personas.

Estudios sobre el impacto que tienen las energías solar, eólica y nuclear han arrojado que el uso de algunas sustancias químicas, como el telurio de cadmio, es negativo para la integridad; se buscan fuentes limpias pero, por ejemplo, el proceso de la construcción de una celda solar es perjudicial.

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