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Iniciativa de EPN endurece penas a lavado de dinero y terrorismo

Iniciativa de EPN endurece penas a lavado de dinero y terrorismo

Tiende a “ofrecer resultados tangibles del combate al lavado de dinero ” y de 15 a 40 años, y 400 a mil 200 días de multa contra el terrorismo

México.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión recibió del Presidente de la República y turnó a la Cámara de Diputados una iniciativa de decreto por el cual se reforman y adicionan diversos ordenamientos legales orientados a enfrentar de manera eficaz prácticas ilícitas como el lavado de dinero y el terrorismo.

La iniciativa, que reforma disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales; de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, del Código Fiscal de la Federación y de la Ley Federal de Extinción de Dominio, reglamentaria del artículo 22 constitucional, tiende a “ofrecer resultados tangibles del combate al lavado de dinero ” y de conductas para socavar el estado de derecho. En cuanto a las operaciones con recursos de procedencia ilícita, se agregan causales de sanción que irá de cinco a 15 años de prisión y de mil a cinco mil días de multa.

La iniciativa incorpora el delito de testaferato, como conducta punible autónoma; es decir, “la que se configura cuando una persona permite que se intitulen bajo su nombre bienes o derechos adquiridos con recursos, derechos o bienes que procedan o representen el producto de una actividad ilícita”.

Por lo que se refiere al terrorismo, el proyecto establece que se impondrá pena de prisión de 15 (antes eran seis) a 40 años, y de 400 a mil 200 días de multa, al que utilizando sustancias tóxicas , armas químicas, biológicas o similares, material radioactivo, material nuclear, combustible nuclear, mineral radiactivo, o instrumentos que emitan radiaciones, explosivos o armas de fuego, o por incendio, inundación o por cualquier otro medio violento, realice actos en contra de bienes o servicios, ya sea públicos o privados.

O a quien atente “en contra de la integridad física, emocional, o la vida de las personas, que produzcan alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella, para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad para que tome una determinación”. La misma sanción se impondrá, abunda el texto, al que acuerde o prepare un acto terrorista que se pretenda cometer, se esté cometiendo o se haya cometido en territorio nacional.

Añade que las sanciones se aumentarán en una mitad, esto a 21.5 o hasta 60 años de prisión y de 600 a mil 800 días de multa, cuando el delito sea cometido en contra de un bien de acceso público; se genere un perjuicio a la economía nacional o en la comisión del delito se detenga en calidad de rehén a una persona.

Sin embargo, aclara que “las manifestaciones que realicen grupos sociales en ejercicio de los derechos humanos, sociales o de cualquier otro derecho constitucional, que sin atentar contra bienes jurídicos de personas, tengan la finalidad de presionar a la autoridad para que tome una determinación en cierto sentido sobre alguna demanda, no se considerarán como terrorismo”.

Respecto al delito de financiamiento al terrorismo, la iniciativa agrega dos artículos en el Código Penal Federal (139 quáter y 139 quinquies), en los que establece que se impondrá de 15 a 40 años, y 400 a mil 200 días de multa en los siguientes casos:

Al que por cualquier medio, ya sea directa o indirectamente, aporte o recaude fondos económicos o recursos de cualquier naturaleza, para apoyar o financiar actividades de individuos u organizaciones terroristas, o para ser utilizados o pretendan ser utilizados, ya sea en territorio nacional o el extranjero, en delitos como terrorismo, sabotaje, terrorismo internacional, ataques a las vías de comunicación y robo.

Agrega que se aplicará de uno a nueve años de prisión y de cien a 300 días de multa, a quien encubra a una persona que haya participado en los delitos de terrorismo, sabotaje, terrorismo internacional, ataques a las vías de comunicación.

En materia de terrorismo internacional, la iniciativa añade una fracción, la cuatro, al artículo 148 bis, en la que impone una pena de prisión de 15 a 40 años y de 400 a mil 200 días de multa al que acuerde o prepare en territorio mexicano un acto terrorista que se pretenda cometer, se esté cometiendo o se haya cometido en el extranjero.

Fuente: La Cronica

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