GobOax Head

En México no se impulsa cultura para asegurar patrimonio

En México no se impulsa cultura para asegurar patrimonio

Ciudad de México.- En México no se ha impulsado la cultura para el aseguramiento del patrimonio inmobiliario de los particulares, no obstante que las pérdidas económicas derivadas de la ocurrencia de fenómenos naturales –como sismos, ciclones o huracanes— se multiplican año con año. Entre los años 2000 y 2015 el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) reportó el daño de un millón 279 mil 678 viviendas a consecuencia de esos desastres, y el número de casas habitación afectadas por los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017 sumó 231 mil 341.

Esa realidad, propició que en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión se presentara una iniciativa de reforma a 10 leyes en materia de protección civil para otorgar garantías a los afectados por los fenómenos naturales en la recuperación íntegra de sus patrimonios perdidos.

La propuesta de reforma a las leyes General de Educación, Ley del Servicio Militar, Ley Federal del Trabajo, Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, Ley General de Protección Civil, Ley Sobre el Contrato de Seguro, Código Penal Federal, Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, y Código Civil Federal, en materia de Protección Civil, se deriva de que los derrumbes de inmuebles en la Ciudad de México –algunos de construcción reciente—, ocurridos como consecuencia del sismo del 19 de septiembre:

“Pusieron de relieve vacíos legales que es necesario llenar para conseguir el objetivo de mitigar las vulnerabilidades y los riesgos, específicamente en lo tocante a la protección de vidas humanas y de su patrimonio, y castigar a quienes atentan contra esos bienes preciados por una sociedad, como son la vida y el patrimonio de las personas. En lo tocante a la pérdida de vidas humanas y del patrimonio de las personas, así como el daño o pérdida de la infraestructura pública, si bien la Ley General de Protección Civil establece que será considerado como delito grave la construcción de infraestructura y asentamientos humanos en zona de riesgo, lo cierto es que no se ha desarrollado cabalmente el tipo penal y las sanciones aplicables”.

La proposición surgida de las filas del PRI en la Cámara de Diputados contempla una crítica a las reglas con las que opera –al día de hoy– la reconstrucción: “en los últimos años nos hemos enfocado más en la parte reactiva que en la proactiva, principalmente en términos de costos económicos por daños causados al patrimonio público y privado. Por ejemplo, los desastres naturales y antrópicos en nuestro país originaron daños y pérdidas por 61 mil nueve millones de pesos en 2013, cifra superior en 203 veces el presupuesto anual del Fondo para la Prevención de Desastres Naturales (Fopreden) de ese año, que ha sido el tercero con mayores daños y pérdidas desde 1980”.

La autorización de los recursos del Fonden depende de la disponibilidad presupuestaria, la cual pudiere resultar comprometida si los recursos se hubieran destinado a la reconstrucción de otras zonas dañadas, y no a aquellas derivadas de los sismos de septiembre de 2017, ambos de dimensiones catastróficas y de ocurrencia en fechas muy cercanas, y en zonas distantes una de la otra. Esa situación pone en serio riesgo el acceso a los recursos para la reconstrucción y la recuperación de las zonas afectadas, incluso “las colocaría en una situación de vulnerabilidad mayor a la que se encontraban antes del desastre”, tal como lo planteó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Ahora el Congreso Federal plantea que los ciudadanos tengan oportunidad, desde el ejercicio de la autoridad, de recibir formación en materia de Protección Civil en todos los ámbitos en los que ésta incide, a fin de consolidar una cultura tanto de prevención como de reacción y gestión de los riesgos; estar preparados en términos de los protocolos de actuación frente a eventos de riesgo, emergencia o desastre, de acuerdo con sus capacidades y competencias, de forma que puedan involucrarse en las brigadas de auxilio en coordinación con las autoridades competentes, teniendo la certeza de lo que les corresponde hacer y de qué manera pueden auxiliar u orientar a quienes lo requieran; poder involucrarse en las tareas de auxilio inmediato, durante el tiempo que dure la emergencia, sin poner en riesgo su situación laboral; contar con información suficiente sobre los potenciales riesgos de un inmueble –que proporcione el Atlas de Riesgos correspondiente—, al momento de realizar operaciones de compra o renta; y la certeza de que su patrimonio mueble e inmueble contará con mejores mecanismos legales de protección.

Por ello, las autoridades –en los tres niveles de gobierno– tendrían obligación de incidir en el fortalecimiento de la cultura de la protección civil desde los primeros años y a lo largo de la vida de las personas, mediante el impulso de la formación y capacitación en esta materia; introducir los mecanismos que permitan agilizar las tareas de evacuación de la población civil en zonas de riesgo ante la inminencia de un fenómeno potencialmente destructivo, así como en zonas en las que tenga lugar un desastre, mediante la declaratoria que se emita para exentar del pago de peaje durante el término que dure la emergencia o desastre.

También, diseñar y aplicar mecanismos adecuados para el diseño de seguros prototipo y su contratación en canasta que cubran el patrimonio mueble e inmueble de las personas; y sancionar penalmente a quienes de una forma u otra participen en la construcción y realización de obras en zonas de riesgo, con autorización o sin ella, sin hacer el análisis correspondiente y, en su caso, sin tomar las medidas para su reducción, sea que se trate de obras de infraestructura pública o de construcciones privadas.

Entre otras medidas destacadas en la propuesta se obligará a los empleadores de incluir lo relativo a la protección civil como asignatura obligatoria dentro de la que actualmente tienen en materia de capacitación, y para establecer como excepción a la causal de despido por faltas injustificadas el hecho de que los trabajadores participen en las tareas de protección civil en situaciones de emergencia o desastre, sujeto a que se encuentren capacitados e inscritos como voluntarios en la Red Nacional de Brigadistas Comunitarios a que se refiere la Ley General de Protección Civil. En el caso de los servidores públicos, se establece que constituirá un criterio de desempate para el otorgamiento de plazas o para efectos del escalafón, el hecho de que el trabajador se capacite permanentemente en materia de protección civil y esté inscrito en esta Red Nacional de Brigadistas Comunitarios.

Además, se implementaría el seguro obligatorio para inmuebles de propiedad privada que, además, cubran el menaje de casa de los ocupantes, cuya cobertura esté sujeta a la ocurrencia de fenómenos perturbadores en términos de la Ley General de Protección Civil. Estarán exentas las personas ubicadas bajo la línea de bienestar, de acuerdo con las reglas de operación del Fondo Nacional de Desastres. Y las empresas aseguradoras no podrán cancelar esos seguros basados en la información sobre riesgos del inmueble brindada por el asegurado, quedando a cargo de la empresa aseguradora informarse directamente en el Atlas de Riesgos correspondiente, y tampoco podrá rescindirlo cuando el inmueble cambie de propietario, debiendo esperar a que el nuevo propietario actualice los datos correspondientes. Lo anterior para que el inmueble esté protegido en todo momento.

Ello se acompañaría de un nuevo tipo penal de urbanización en zona de riesgo como lo dispone la Ley General de Protección Civil.

Fuente: La Jornada

Related posts