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Prohíben a los militares disparar contra vehículos

Prohíben a los militares disparar contra vehículos

(Milenio) México • El gobierno federal hizo públicos los lineamientos que deben acatar las secretarías de la Defensa Nacional, de Seguridad Pública y la Procuraduría General de la República para el uso de la fuerza en situaciones en que tengan que someter a presuntos delincuentes y poner a salvo a la población en casos de situaciones graves.

Los militares no deberán disparar contra autos o embarcaciones que no detengan su marcha, a menos de que enfrenten un peligro inminente que ponga en riesgo su integridad o la de la población.

La Policía Federal Ministerial (o AFI) debe poner de manera inmediata a disposición del Ministerio Público federal a los sospechosos cuando sean detenidos o no en flagrancia, con el propósito de garantizar el debido proceso, y evitar situaciones como el de la francesa Florence Cassez.

En tanto, la Policía Federal podrá hacer uso legítimo de la fuerza para restablecer el orden público causado por disturbios colectivos y por actos tumultuarios que generen violencia o daños a terceros, propiedades e integridad física de otras personas, así como en situaciones de alteración grave del orden y la paz públicos.

Dichos lineamientos se emitieron casi tres años después de que la Secretaría de Marina-Armada de México las aplicara.

Mediante acuerdos publicados por cada dependencia en el Diario Oficial de la Federación, los titulares de Sedena, y SSP, Guillermo Galván Galván y Genaro García Luna, respectivamente, además de la procuradora Marisela Morales Ibáñez, se comprometieron a garantizar los derechos humanos.

La Sedena reconoció que en México han aumentado las actividades ilícitas como el tráfico ilegal de estupefacientes, personas y armas, entre otras conductas delictivas, mientras a escala internacional ha repuntado el narcotráfico.

Ahora deberá privilegiar la disuasión o persuasión en todos los casos, “salvo que, debido a las circunstancias de la situación particular que se viva, se pongan en riesgo la vida o la integridad física de terceros o del personal militar, en cuyo caso éstos últimos podrán implementar directamente el nivel de uso de la fuerza que sea estrictamente necesario”.

Asimismo, el personal militar “no accionará armas de fuego contra personas cuando evadan, huyan o traten de huir, salvo que realicen actos de resistencia agresiva grave, o con el objetivo de detenerlas o impedir su fuga si oponen resistencia a la autoridad y representen un peligro inminente de muerte o lesiones graves y resulten insuficientes medidas menos extremas para lograr dichos objetivos.

“Solo en el caso de que el conductor de un vehículo o la tripulación de una embarcación no obedezcan la indicación de detener su marcha o su navegación, y esta acción implique una amenaza real e inminente de que se causará un mal grave, harán uso de la fuerza en los términos previstos en esta directiva”, se señala en los lineamientos. Además, deberán de informar inmediatamente a sus superiores y preservar la escena.

Ministerio Público

La PGR fijó los lineamientos que deben observar las autoridades que intervienen en la detención de criminales, ya sea por delitos flagrantes, casos urgentes o cumplimiento de una orden judicial.

En estos casos deben poner de manera inmediata a disposición de la autoridad competente al detenido para que no se vulneren las garantías de legalidad y debido proceso, así como evitar violaciones a los derechos humanos.

Para que proceda una detención por caso urgente se requiere orden de detención por escrito del agente del Ministerio Público de la Federación, debidamente fundada y motivada, expresando los indicios que acrediten; que el indiciado haya intervenido en la comisión de alguno de los delitos señalados como graves, que exista riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia y que por razón de hora, lugar o cualquier otra circunstancia no se pueda recurrir ante autoridad judicial para solicitar la orden de aprehensión.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública hará uso de la fuerza para neutralizar y controlar conductas que generen amagos de violencia y tengan propensión a causar daños a la integridad de otras personas o a la de los elementos de los cuerpos policiales federales.

Cuando el empleo de las armas de fuego sea inevitable, los policías deberán ejercer moderación y actuar en proporción a la gravedad del delito y al objetivo legítimo que se persiga para reducir al mínimo los daños y lesiones.

De igual manera, respetarán y protegerán la vida humana, procederán de modo que se presten lo antes posible asistencia y servicios médicos a las personas heridas o afectadas y se notificará lo sucedido, sin dilación alguna, a los familiares de las personas heridas o afectadas.

El presidente Felipe Calderón señaló que la aplicación de los protocolos garantizarán el acceso a la justicia y la protección a los derechos de inculpados y víctimas.

Con estas medidas “México da un paso fundamental en la profesionalización de las tareas de investigación policial y, desde luego, en la garantía y preservación de los derechos humanos”, declaró el mandatario luego de recibir las normas de los miembros de su gabinete de seguridad.

Casos emblemáticos

Caso Almanza Salazar
Soldados matan a dos menores en Tamaulipas

En el presente sexenio diferentes dependencias encargadas de prevenir y procurar justicia se han visto involucradas en abusos cometidos contra civiles, en los que han perdido la vida inocentes. Incluso, por no respetar los mandamientos judiciales han perdido casos trascendentes.

En junio de 2010 la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) señaló a militares como responsables de atacar a una familia de 13 integrantes que viajaba en una camioneta sobre la carretera en Tamaulipas.

En este hecho violento, ocurrido el 3 de abril de ese año, resultaron muertos los niños Bryan y Martín Almanza Salazar, de cinco y nueve años, respectivamente, además de otros familiares.

La conclusión de la defensoría de la CNDH difirió de la versión ofrecida por los soldados involucrados, quienes señalaron en principio que las municiones homicidas provinieron de un grupo de sicarios que se enfrentaban con un convoy militar justo cuando la camioneta de la familia pasaba por la refriega.

Matanza en La Marquesa
Revés a PGR por fallas en los procedimientos

En cuanto a reveses judiciales, destaca el ocurrido contra la PGR en junio de 2010: un tribunal revocó el auto de formal prisión contra Raúl Villa Ortega, El R, autor material de la ejecución de 24 personas en La Marquesa (2008).

El agente del Ministerio Público incurrió en una falla de procedimiento en un cateo, por el cual se invalidaron las pruebas y se ordenó el auto de formal libertad por el delito de homicidio.

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